El Estado decide demandas de Wall Street por la venta del banco Popular

Hace unos días saltó la noticia a los medios comunicación. Debido a la venta del Banco Popular el Estado ha recibido demandas de grandes inversores de Wall Street que han llegado a perder 850 millones de euros en bonos del Popular.
Todo motivado por la venta exprés al Santander por tan solo 1 €.


Nombres de firmas tan conocidas como PIMCO, Algebris, Anchorage Capital Partners, Cairn Capital o Ronit Capital han interpuesto un recurso contra el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) debido al papel que ha jugado en la venta del Banco Popular. Con este recurso pretenden conseguir la nulidad de la resolución del FROB, que ha supuesto la cancelación de las acciones y bonos junior de este banco y que ha conducido a su venta al Santander por tan solo 1 €.
Sin embargo, estos grandes inversores no se contentarán con este recurso. De hecho, solo es un paso dentro de una estrategia legal bien pensada con la que se intenta:

  • Que se recuperen las pérdidas económicas que esta venta exprés han causado a miles de inversores en todo el mundo.
  • Que se esclarezca la resolución que llevó a la venta del banco Popular por tan solo 1 € al banco Santander. 

Muchas de estas grandes firmas de inversores llevan ya un par de meses en movimiento para conseguir sus objetivos. No hay que olvidar que el pasado 17 de agosto todas ellas, exceptuando a PIMCO, interpusieron una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la resolución de la JUR (Junta Única de Resolución).

¿Qué esgrimen como argumento para realizar sus demandas?

Según el despacho de abogados encargado de representar a estos gigantes de Wall Street, la JUR violó el secreto profesional en el momento en el que su presidenta hizo público que estaban siguiendo “de cerca” la crisis de esta entidad financiera. Unas declaraciones que se llevaron a cabo en mayo. Mucho antes de la venta del Popular que no se hizo efectiva hasta el 7 de junio.
Esto tuvo consecuencias desastrosas para gran parte de los bonistas. El pánico cundió entre los inversores y comenzó una fuga de depósitos muy importante que aceleró la caída de esta entidad financiera.
Otro de los argumentos que esgrimen los abogados de los inversores de Wall Street es que la venta del Banco Popular se llevó a cabo a partir de informes incompletos. En concreto aquellos ofrecidos por Deloitte en los que se le daba una valoración negativa de entre 8200 y 2000 millones de euros. Sin embargo poco después se supo que también recibieron una valoración positiva de 1500 millones de euros.
Esta situación puede terminar afectando, y mucho, a los pequeños inversores que ya han perdido todo con la venta del Popular. Más de 300.000 personas a las que la única solución que se les ha ofrecido es la puesta en circulación durante este mes de unos vergonzosos bonos de fidelización. Una manera de dividir a los afectados y aprovechar la desesperación de gran parte de esos pequeños accionistas que han perdido todo con esta jugada del Estado.